En un revés para el gobierno de Javier Milei, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión, tomada en medio de crecientes tensiones políticas y un escándalo de corrupción que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
¿Qué implica la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La ley, que ahora vuelve a estar en vigencia, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos clave, se incluyen la reformulación de las pensiones no contributivas y la actualización de aranceles y compensaciones económicas para personas con discapacidad. Para muchos legisladores de la oposición, esta ley es fundamental para garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar la calidad de vida de este sector vulnerable de la sociedad.
Escándalo en la ANDIS: ¿Un golpe bajo para el gobierno?
La votación en el Senado se produce en un contexto particularmente delicado para el gobierno de Milei. Recientemente, se revelaron audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, denunciando un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según las acusaciones, Karina Milei, hermana del presidente, recibiría una comisión del 3% a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso, generando un fuerte impacto político y mediático.
¿Qué impacto tendrá esta decisión?
El rechazo del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad representa una derrota política significativa para el gobierno de Milei. No solo muestra la creciente oposición en el Congreso, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad del gobierno frente a las acusaciones de corrupción. La oposición ya planea avanzar con un proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo, lo que podría complicar aún más la gestión del gobierno libertario.
Mientras tanto, el oficialismo prepara su estrategia judicial en un contexto adverso. La preocupación por el impacto de los audios de Spagnuolo es evidente, y el gobierno deberá enfrentar una creciente presión para esclarecer las denuncias de corrupción en la ANDIS.
Más allá de la contienda política, es fundamental recordar la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La Ley de Emergencia en Discapacidad es un paso importante en esa dirección, pero aún queda mucho por hacer para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.