El caso Nisman, que cumple 11 años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, continúa generando expectativas y desconfianza en la justicia. En los últimos meses, nuevas pericias revelan que la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo contacto con funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en días clave tras el fallecimiento del fiscal. Este descubrimiento contradice su declaración de 2017, en la que negó cualquier contacto con la presidenta o sus allegados.
Según informes de la justicia, Gils Carbó, jefa de la fiscalía de Alberto Nisman y su colaboradora Viviana Fein, mantenía decenas de llamadas secretas con la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia en los días posteriores a la muerte del fiscal. Estas llamadas, que se detectaron mediante pericias especializadas, muestran una red de contacto entre la figura de Gils Carbó y el gobierno kirchnerista, lo que sugiere un posible intento de manipulación de la investigación inicial.
El crimen del fiscal Nisman, ocurrió el 18 de enero de 2015, cuando el fiscal fue encontrado muerto en el baño de su casa en las torres Le Parc, Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. La investigación inicial, liderada por la fiscal Viviana Fein, se centró en la hipótesis de un suicidio, pero las nuevas pericias contradicen esta línea. Los agentes del Ejército que participaron en el caso, según testimonios, indican que se encontraron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 y 19 de enero de 2015, lo que sugiere una conexión directa con el momento del suceso.
La investigación ha avanzado en direcciones inesperadas, revelando que las llamadas escondidas de Gils Carbó fueron realizadas en los días críticos para la orientación del gobierno hacia una versión de suicidio. Según las fuentes, el objetivo del contacto fue desviar la atención hacia una explicación menos problemática, como una acción personal o una circunstancia relacionada con su trabajo. Estas llamadas, que se detectaron mediante pericias especializadas, muestran un patrón de comunicación que se alinea con el momento en que el gobierno intentó controlar la narrativa inicial.
El caso, que está relacionado con la denuncia de Nisman sobre el ataque a la AMIA y la firma del Memorándum con Irán, sigue siendo un tema delicado. Los investigadores insisten en que el asesinato fue parte de una operación coordinada para ocultar las implicaciones de la investigación de Nisman, que denunciaba el encubrimiento del ataque en la AMIA por parte del gobierno kirchnerista.
La justicia busca ahora identificar a los responsables de la red de contacto, que incluye a funcionarios del Ejército y otros agentes vinculados a la investigación. Los peritos indican que el tiempo es un factor clave en el avance del caso, ya que cada día que pasa, más datos se revelan sobre la conexión entre el gobierno y el crimen.
El hecho de que Gils Carbó haya ocultado su contacto con el gobierno en su declaración de 2017, mientras trabajaba como jefa de la fiscalía de Nisman, genera sospechas sobre la imparcialidad de la investigación. Los especialistas en investigación judicial señalan que el caso seguirá avanzando en busca de respuestas a preguntas fundamentales: ¿Quién ordenó el crimen? ¿Cómo se coordinó la eliminación? ¿Qué relación tiene el gobierno con la firma del Memorándum con Irán?