El lunes 26 de febrero, en el barrio de Monte Chingolo, Lanús, se llevó a cabo una despedida tumbera inesperada y emotiva para Alejo Jairo Zahir Mesa, un adolescente de 14 años que murió al ser baleado por un fracontirador de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un presunto robo de una motocicleta. Según fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando el menor, junto con tres compañeros, intentaba robar la moto que pertenecía a un hombre que había sido abordado por el grupo. Al ser detenido por un policía federal, el menor y sus cómplices se resistieron y un fracontirador de la PFA disparó en su dirección, causando la muerte de Zahir Mesa.
El adolescente, quien residía en el barrio de Monte Chingolo, era conocido por su participación en el Club Atlético Juventud, un equipo de fútbol local. Sus amigos y familiares organizaron un velorio con una caravana de motos que recorrió el barrio, realizando disparos al aire como símbolo de despedida. Los presentes recordaron al menor por sus cualidades como jugador, destacando su talento en el campo y su carisma en grupo. Según testimonios, Zahir Mesa no tenía antecedentes criminales y se dedicaba a su pasatiempo favorito: el fútbol.
El caso ha generado una gran controversia en la comunidad, ya que el fracontirador de la PFA, que actúa como parte de la estrategia de prevención de robo de motos, ha sido blanco de críticas por la edad del menor. Los padres de Zahir Mesa y sus amigos han expresado su desaprobación hacia la acción de un fracontirador, indicando que la fuerza policial debería haber sido más paciente en el manejo de la situación. En una carta pública, el padre del menor destacó la falta de preparación del fracontirador, señalando que el policía no tuvo la oportunidad de verificar si el menor era un niño antes de disparar.
El hecho ha sido analizado por expertos en seguridad pública, quienes señalan que las estrategias de prevención de robo de motos, como las utilizadas por la PFA, pueden tener riesgos en contextos donde los jóvenes están involucrados. Los especialistas recomiendan la implementación de protocolos más adaptados a las necesidades de la población joven, asegurando que los agentes no se enfrenten a situaciones que puedan causar daños irreparables.
El caso ha generado una discusión nacional sobre la edad mínima de los agentes en las operaciones policiales, el uso de tecnologías de seguridad y el equilibrio entre la prevención del robo y la protección de los derechos de los jóvenes. Los comentarios en redes sociales y en medios locales han sido diversos, reflejando una sociedad en constante evolución en cuanto a las prácticas de seguridad y la responsabilidad de las fuerzas policiales.
El gobierno nacional ha anunciado una investigación independiente sobre el caso, que se enfocará en la ética y las prácticas de los agentes de la PFA