La concejal de Quilmes, Eva Mieri, continúa detenida tras el incidente en la casa del diputado José Luis Espert, donde se realizó un escrache con lanzamiento de excremento. Mientras que otros tres implicados fueron excarcelados bajo fianza por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Mieri permanece tras las rejas, generando fuertes controversias y acusaciones de persecución política.
¿Lawfare en Argentina?
La detención de Mieri ha desatado una ola de críticas, especialmente desde sectores del kirchnerismo y organismos de derechos humanos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner exigió la liberación de la concejal y recordó las expresiones de Javier Milei en apoyo a protestas similares en Francia. Se argumenta que la causa podría estar viciada por una falta de imparcialidad judicial, sugiriendo vínculos entre la jueza y actores opositores.
CELS denuncia persecución política
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha calificado la situación como un claro ejemplo de cómo "el aparato punitivo del Estado está volcado a perseguir una acción política". Esta afirmación refuerza la idea de un posible lawfare, donde el poder judicial se utiliza como herramienta para silenciar o perjudicar a opositores políticos.
Acusaciones contra Mieri
A Mieri se le acusa de delitos como atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado. En particular, se la vincula al uso de una camioneta del municipio de Quilmes en el escrache.
- 1. Falta de imparcialidad judicial: Se cuestionan los vínculos entre la jueza y opositores.
- 2. Acusaciones de lawfare: Se denuncia el uso del sistema judicial para fines políticos.
- 8. Exposición mediática parcial y anticipada del caso: La cobertura mediática ha sido considerada sesgada por algunos sectores.
La defensa de Mieri argumenta que no existen pruebas sólidas que la involucren directamente en los hechos, y que la detención preventiva es una medida desproporcionada. La situación sigue en desarrollo y genera gran tensión en el ámbito político y judicial.