El plan de peajes por congestión implementado en Nueva York, que grava a los vehículos que ingresan a Manhattan por debajo de la calle 60, sigue generando controversia. Si bien el gobierno de la gobernadora Kathy Hochul celebra los resultados, calificándolos como un "enorme éxito", las críticas no tardan en llegar.
¿Menos tráfico, más costos?
Según datos oficiales, el programa ha logrado reducir el tráfico en la zona de congestión entre un 8% y un 13% mensualmente, en comparación con el promedio histórico. Además, se reporta un aumento en la velocidad promedio de los autobuses. Sin embargo, estos beneficios parecen tener un costo elevado para los trabajadores y las pequeñas empresas.
Los críticos argumentan que los peajes representan una carga financiera significativa para los neoyorquinos de clase media y trabajadora, quienes ya financian las carreteras con sus impuestos. Empresas de distribución de alimentos y restaurantes pequeños se ven obligados a aumentar sus tarifas para compensar los costos adicionales, trasladando la carga a los consumidores.
¿Un golpe al bolsillo disfrazado de ecología?
Muchos consideran que el programa es un mero "robo de dinero" disfrazado de justificación ecológica. Se cuestiona la motivación real detrás de la implementación, especialmente después de que se pospusiera hasta después de las elecciones de noviembre pasado. Existe la preocupación de que, si Hochul es reelegida, los peajes podrían duplicarse en el futuro cercano.
Mientras tanto, la batalla legal con el Departamento de Transporte de EE.UU. continúa, manteniendo el futuro del programa en la incertidumbre. La pregunta clave es si los beneficios percibidos en términos de reducción del tráfico justifican el impacto económico en los ciudadanos y las pequeñas empresas de Nueva York.