El Gobierno nacional ha solicitado una investigación exhaustiva sobre un presunto caso de adoctrinamiento ocurrido en una escuela de Tucumán. La denuncia se originó tras la viralización de un audio en redes sociales, donde se escucha a una docente, supuestamente profesora de química, realizando acusaciones contra el presidente Javier Milei y su gestión, frente a un grupo de alumnos durante el horario escolar.
El audio, cuya autenticidad aún se verifica, generó una fuerte controversia en la comunidad educativa y en el ámbito político. Según trascendió, la grabación fue realizada por uno de los estudiantes, aparentemente sin el conocimiento de la profesora, en una clase regular de química en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, en la capital tucumana.
En el audio, la voz femenina, presuntamente de la docente, profiere insultos y acusa a Milei de estar “financiado por el narcotráfico”, además de realizar otras acusaciones graves. El contenido y el contexto pedagógico en el que se produjeron estas declaraciones han sido duramente criticados por autoridades tanto del gobierno central como provincial.
Intervención del Ministerio de Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha tomado cartas en el asunto. Mediante un comunicado oficial, la cartera solicitó a los organismos judiciales y educativos de Tucumán que investiguen a fondo el caso. El ministerio considera fundamental determinar si se han transgredido las normativas vigentes y si se ha vulnerado el derecho de los alumnos a recibir una educación libre de influencias partidistas.
Análisis y posibles consecuencias
Las autoridades educativas evalúan las posibles consecuencias disciplinarias para la docente involucrada, en caso de confirmarse la autenticidad del audio y las acusaciones vertidas. El debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito educativo y la necesidad de garantizar un ambiente de aprendizaje neutral y respetuoso se ha intensificado a raíz de este incidente.
La investigación busca esclarecer los hechos y determinar si la conducta de la docente se ajusta a los principios éticos y pedagógicos que rigen la actividad educativa en el país.